La suspensión de la terminación unilateral del contrato administrativo: pronunciamientos de la jurisdicción contencioso- administrativa - Vázquez Ochoa, Paúl Andrés; Córdova López, Juan José; Aguilar Sánchez, Juan Sebastián (UDA Law Review, 2025)
La suspensión del acto administrativo constituye una medida cautelar destinada a neutralizar temporalmente los efectos gravosos de decisiones emitidas por la administración pública. Garantiza que el control de legalidad ejercido por la jurisdicción contencioso administrativa sea efectivo y que la sentencia definitiva conserve utilidad práctica. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, su regulación se encuentra en el Código Orgánico Administrativo (COA) y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Los mismos exigen la existencia de un perjuicio irreparable o de muy difícil reparación, junto con la apariencia de buen derecho y la razonabilidad de la medida. Sin embargo, el concepto de irreparabilidad carece de parámetros uniformes, lo que genera interpretaciones dispares en la práctica judicial. Este trabajo analiza la naturaleza jurídica de la suspensión, su evolución como límite a la autotutela administrativa y la problemática derivada de la indeterminación conceptual del periculum in mora. En este contexto, a partir de un estudio de casos relativos a terminaciones unilaterales de contratos administrativos, se evidenciará que, ante supuestos fácticos similares —como la inhabilitación para contratar con el Estado y la ejecución de garantías—, los tribunales adoptan criterios divergentes. Algunos consideran estas consecuencias como daños de difícil reparación, mientras que otros las califican como reparables vía indemnización económica. La investigación sostiene que el estándar para valorar el peligro en la demora debe orientarse a preservar la eficacia real de la sentencia, priorizando la protección de derechos frente a una reparación meramente patrimonial e incorporando una ponderación que incluya dimensiones extrapatrimoniales e irreversibles. Se concluye que una interpretación garantista y uniforme del periculum in mora es esencial para fortalecer la tutela judicial efectiva.